Ciudades, regiones y países de todo el mundo están optando cada vez más por pasar página en lo que a la privatización del agua se refiere y "remunicipalizar" servicios, recuperando el control público sobre la gestión del agua y el saneamiento. En muchos casos, es una respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y a su fracaso a la hora de priorizar las necesidades de las comunidades por encima de sus propios beneficios.
Este informe examina el creciente fenómeno de la remunicipalización de los servicios de suministro de agua y saneamiento como una tendencia mundial emergente y presenta la panorámica más completa de los casos hasta el momento.
En los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur, incluidos algunos casos destacados en Europa, las Américas, Asia y África. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia).
Por contra, durante ese mismo periodo, se han producido muy pocos casos de privatización en las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, Nagpur (India), que ha sido testigo de una importante oposición y crítica, y Jeddah (Arabia Saudita). A pesar de las más de tres décadas de implacable promoción de las privatizaciones y de los partenariados público-privados (PPP) por parte de las instituciones financieras internacionales y de los Gobiernos nacionales, ahora parece que la remunicipalización del agua es una opción normativa que ha llegado para quedarse.
Las experiencias directas con los problemas habituales de la gestión privada del agua —desde falta de inversión en infraestructuras hasta subidas tarifarias y riesgos medioambientales— han convencido a comunidades y responsables de políticas que el sector público está mejor preparado para prestar servicios de calidad a la ciudadanía y para fomentar el derecho humano al agua.
El término "remunicipalización" se refiere, en términos generales, al retorno del servicio de suministro de agua y de gestión del saneamiento, antes privatizado, a las autoridades locales o al control público. Esto ocurre, normalmente, después de que los gobiernos locales rescindan los contratos privados o no los renueven, aunque el proceso no siempre (o no solo) tiene lugar a escala municipal. Las autoridades regionales y nacionales tienen una influencia considerable sobre la financiación y las políticas de los servicios y, en algunos casos, actúan directamente como operadores de agua, por lo que el proceso se desarrolla dentro de este contexto más amplio.
Cualquiera que sea su forma y su escala, la remunicipalización suele ser una reacción colectiva en contra de una privatización del agua o de unos PPP insostenibles. Debido a la impopularidad de las privatizaciones, las compañías privadas de agua han usado su maquinaria propagandística para hacer creer a la gente que las concesiones, los contratos de arrendamiento y otros modelos de PPP son muy distintos de la privatización; pero no lo son. De hecho, todos estos términos aluden al traspaso del control sobre la gestión de los servicios al sector privado.
Las personas que se encargan de formular políticas deben de ser conscientes de los altos costes y riesgos de la privatización del agua y, por lo tanto, tienen mucho que aprender de las experiencias de otras autoridades públicas que han optado por la remunicipalización y que están trabajando para desarrollar de forma democrática intervenciones públicas, responsables y eficaces en materia de agua.
Este informe examina el creciente fenómeno de la remunicipalización de los servicios de suministro de agua y saneamiento como una tendencia mundial emergente y presenta la panorámica más completa de los casos hasta el momento.
En los últimos 15 años, se han registrado al menos 180 casos de remunicipalización del agua en 35 países, tanto en el Norte como en el Sur, incluidos algunos casos destacados en Europa, las Américas, Asia y África. Entre las principales ciudades que han remunicipalizado sus servicios se pueden contar Accra (Ghana), Berlín (Alemania), Buenos Aires (Argentina), Budapest (Hungría), Kuala Lumpur (Malasia), La Paz (Bolivia), Maputo (Mozambique) y París (Francia).
Por contra, durante ese mismo periodo, se han producido muy pocos casos de privatización en las grandes ciudades del mundo. Por ejemplo, Nagpur (India), que ha sido testigo de una importante oposición y crítica, y Jeddah (Arabia Saudita). A pesar de las más de tres décadas de implacable promoción de las privatizaciones y de los partenariados público-privados (PPP) por parte de las instituciones financieras internacionales y de los Gobiernos nacionales, ahora parece que la remunicipalización del agua es una opción normativa que ha llegado para quedarse.
Las experiencias directas con los problemas habituales de la gestión privada del agua —desde falta de inversión en infraestructuras hasta subidas tarifarias y riesgos medioambientales— han convencido a comunidades y responsables de políticas que el sector público está mejor preparado para prestar servicios de calidad a la ciudadanía y para fomentar el derecho humano al agua.
El término "remunicipalización" se refiere, en términos generales, al retorno del servicio de suministro de agua y de gestión del saneamiento, antes privatizado, a las autoridades locales o al control público. Esto ocurre, normalmente, después de que los gobiernos locales rescindan los contratos privados o no los renueven, aunque el proceso no siempre (o no solo) tiene lugar a escala municipal. Las autoridades regionales y nacionales tienen una influencia considerable sobre la financiación y las políticas de los servicios y, en algunos casos, actúan directamente como operadores de agua, por lo que el proceso se desarrolla dentro de este contexto más amplio.
Cualquiera que sea su forma y su escala, la remunicipalización suele ser una reacción colectiva en contra de una privatización del agua o de unos PPP insostenibles. Debido a la impopularidad de las privatizaciones, las compañías privadas de agua han usado su maquinaria propagandística para hacer creer a la gente que las concesiones, los contratos de arrendamiento y otros modelos de PPP son muy distintos de la privatización; pero no lo son. De hecho, todos estos términos aluden al traspaso del control sobre la gestión de los servicios al sector privado.
Las personas que se encargan de formular políticas deben de ser conscientes de los altos costes y riesgos de la privatización del agua y, por lo tanto, tienen mucho que aprender de las experiencias de otras autoridades públicas que han optado por la remunicipalización y que están trabajando para desarrollar de forma democrática intervenciones públicas, responsables y eficaces en materia de agua.
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Lic. Luis Isarra Delgado
Responsable del Dpto de Prensa y Comunicaciones de la CGTP
Secretario General de la FENTAP
Email: isarradefensa@gmail.com
Celular: 996-572-784
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